¡Al menos 6 años! La aplicación de los acuerdos con las FARC será más larga de lo inicialmente proyectado

el proyecto del Gobierno para modificar seis artículos de la Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP), actualmente pendiente de la Corte Constitucional, no supone «de ninguna manera» un intento gubernamental de modificar los acuerdos de paz por la puerta de atrás. EFE

La implementación de los acuerdos de paz con la antigua guerrilla de las FARC será más larga de lo previsto, según advirtió este viernes el alto consejero para el Posconflicto, de Colombia, Emilio Archila, quien recalcó el compromiso del Gobierno con el cumplimiento de los pactos.

El Ejecutivo del presidente Iván Duque está «absolutamente» comprometido con la aplicación exitosa de los acuerdos, insistió Archila en una entrevista con Efe.

Ante los problemas de violencia política que sigue afrontando el país, Archila subrayó el esfuerzo de las autoridades con mejorar la protección a los exguerrilleros y a los líderes populares, varios cientos de los cuales han sido asesinados en el último año y negó que el Gobierno haya actuado con lentitud.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó este mismo viernes en Ginebra del fuerte aumento del número de líderes sociales asesinados en Colombia, ya que se han registrado 51 casos sólo en los primeros cuatro meses de este año.

Esas cifras llegan después de que en 2018 la violencia política causó 648 asesinatos en el país, según un informe divulgado este pasado jueves por el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

El responsable de aplicar los acuerdos de paz culpó de gran parte de esa violencia a «grupos armados» que operan en las zonas donde antes actuaban las FARC, en general relacionados con los programas voluntarios de sustitución de cultivos de coca.

Archila recordó también que el presidente colombiano, Iván Duque, anunció el pasado martes la creación de un cuerpo especial de magistrados para investigar y perseguir a los responsables de amenazas y crímenes contra los líderes sociales.

Aún así, precisó que según las cifras oficiales «no ha habido aumento» de los ataques contra líderes sociales, aunque «eso no le resta trascendencia al tema», y garantizó «la preocupación del gobierno» por proteger a ese colectivo.

También recalcó que el proyecto del Gobierno para modificar seis artículos de la Ley de Justicia Especial para la Paz (JEP), actualmente pendiente de la Corte Constitucional, no supone «de ninguna manera» un intento gubernamental de modificar los acuerdos de paz por la puerta de atrás.

«Ninguna de las garantías fundamentales para los excombatientes» está en esos seis artículos, insistió.

Anteriormente, Archila participó en una Tribuna Efe en Casa América, en la que reconoció que la aplicación de parte de los acuerdos requerirá más tiempo del previsto inicialmente.

Por ejemplo, la aplicación acuerdo de reincorporación de los excombatientes a la vida civil podría requerir siete u ocho años, según experiencias de otros procesos internacionales, frente a los dos y medio estipulados al principio, según dijo.

Pero más tiempo aún tardarán los planes a largo plazo para crear infraestructuras en las zonas rurales más abandonadas, como agua, alcantarillado o comunicaciones, que pueden extenderse por diez o quince años.

Todo el proceso tiene un presupuesto de unos 120 billones de pesos (cerca de 37.000 millones de dólares), detalló a Efe Archila, quien agradeció el «vital» apoyo internacional, especialmente el de la Unión Europea, impulsado en buena parte por España.

Volviendo a la violencia política, recalcó que la mejora de la seguridad es «muy prioritario» para el Gobierno, que ha creado plantes de protección «muy robustos».

También recordó lo ocurrido a finales de los años 80, cuando miles de líderes y miembros de la Unión Patriótica (formación surgida de la desmovilización de la guerrilla del M19) fueron asesinados. «No vamos a permitir que eso suceda nuevamente», advirtió.

Si embargo, aseguró que de lo excombatientes de las FARC muertos de forma violenta desde la firma de los acuerdos de paz, unos 120 según informaciones de prensa, en «solo tres casos» se ha establecido una motivación política, con los acusados ya identificados o detenidos.

«No hemos escatimado esfuerzos para darles protección», insistió sobre los exguerrilleros el alto consejero para el Posconflicto.

Además Archila se mostró «optimista» en lograr «evitar» el fenómeno de los «colados», personas que pagaron a miembros de las FARC para figurar como guerrilleros y beneficiarse de las diversas ventajas que tendrán los antiguos combatientes

El responsable colombiano también criticó duramente al «usurpador» Nicolás Maduro, al considerar que la frontera entre Colombia y Venezuela «todos los males posibles», como narcotráfico, la presencia de la guerrilla del ELN, el comercio ilegal de oro o el contrabando de gasolina.

«Si Maduro sigue ahí, mi trabajo es mucho más difícil», afirmó. Madrid, 10 may (EFE) | Rafael Cañas