El caso judicial de la muerte del italiano Giacomo Turra, ocurrida el 3 de septiembre de 1995, en el barrio de Bocagrande, podría terminar en una nueva condena al Estado colombiano por violación de derechos humanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), inició hace pocos días la fase final del proceso en el cual el Estado es investigado por presuntas responsabilidades en la violación de derechos del ciudadano italiano, tales como la vida, integridad personal, física, psíquica y moral; garantías y protección judicial.
En carta fechada el pasado 10 de mayo, dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez, la Cidh, entidad perteneciente a la Organización de los Estados Americanos (OEA), le informó al Gobierno de Colombia sobre el inicio de esta etapa conocida como de “fondo”, y le entregó copias de las pretensiones de Simonetta Boranga y Sixto Turra (fallecido) padres de Giaccomo Turra, quienes están representados por la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ).
Los padres de Turra pretenden que la Cidh lleve el caso a sus próximas sesiones y que profiera un informe declarando la responsabilidad del Estado colombiano por lo que ellos catalogan de “tratos crueles, inhumanos y degradantes” a su hijo, y lo que ellos han llamado la “ejecución arbitraria de Giacomo Turra”.
El pasado 6 de mayo, Federico Adreu-Guzmán, subdirector de Litigio y Protección Jurídica de la CCJ, y otros integrantes más de ese organismo, ofició a Santiago A. Cantón, secretario ejecutivo de la Cidh, explicándole en detalle la intención de la familia del antropólogo italiano de que los reparen integralmente.
Según ese documento, con eso la familia busca que se restablezca la memoria de la víctima y se reconozcan los daños y perjuicios sufridos antes, durante y posteriormente a la muerte de Giaccomo, hecho que consideran sigue impune, pese a que la justicia declaró inocentes a los cinco policías implicados en el hecho.
Adreu-Guzmán dijo que otra de las pretensiones es que se recomiende al Estado realizar una nueva investigación exhaustiva, imparcial y efectiva de las violaciones de derechos humanos, que según la defensa, fue víctima Turra.
El Estado colombiano tiene ahora 60 días para que responder ante la Comisión.
Cronología
El hecho. Giacomo Turra fue detenido por un escándalo en un restaurante, una patrulla lo llevó a un hospital y luego a una estación de Policía. Según informe oficial, el joven murió por efecto de alucinógenos, aunque en la autopsia fueron advertidos también golpes en su cuerpo. Por el caso fueron procesados 5 agentes, quienes terminaron absueltos.
Petición. El 21 de agosto de 1996 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió la petición de la Comisión de Juristas.
Competente. Con base en el análisis de las posiciones de las partes, la Comisión concluyó el 10 de octubre de 2001 que era competente para conocer el reclamo y que éste era admisible.
Por Elvis Martínez Bermúdez
Cartagena.