Bolívares
Los cuatro aumentos salariales decretados por el Ejecutivo venezolano en lo que va de año, equivalentes a un 1.038,21 %, se desvanecen hoy en las manos de los ciudadanos que cada día tienen menos poder adquisitivo debido, entre otras razones, a la hiperinflación y el control cambiario estatal.
Solo estas dos aristas de la actual crisis económica suponen un giro dramático a la hora de calcular los ingresos mínimos de los empleados, si se comparan los indicadores oficiales con los considerados ilegales pero que, en la práctica, son los que rigen casi la totalidad de la actividad económica en el país petrolero.
El jefe del Estado, Nicolás Maduro, anunció esta semana un incremento del 103 % al salario mínimo integral ubicándolo en 5.196.000 bolívares, lo que se traduce en 65 dólares si se toma como referencia la única tasa de cambio oficial según la cual un dólar estadounidense cuesta 80.000 bolívares.
Sin embargo, en la actualidad la gran mayoría de los venezolanos no tiene acceso a esta tasa preferencial que el Estado -monopolizador de las divisas- asigna de forma discrecional.
En la práctica, comprar un kilo de carne o cinco pañales desechables, por poner dos ejemplos de gastos cotidianos, implica absorber todo ese salario mínimo.
Durante el quinquenio en que ha gobernado Maduro se han puesto en funcionamiento al menos tres mecanismos de asignación de monedas extranjeras, todos de corta duración y que han sido insuficientes para saciar la demanda nacional tan en aumento como la sequía de divisas.
Esto ha abierto una brecha cada vez más amplia para la importación de productos con dólares del mercado paralelo cuyo precio es muy superior al llamado Sistema de Divisas Complementario (Dicom), única tasa que exhibe el Banco Central (BCV).
Entretanto, el Gobierno habla de una flexibilización cambiaria y, en este sentido, autorizó las operaciones a tres tasas de cambio que esta semana ubicaron el precio del dólar en 2.200.000 bolívares, un valor 27 veces más alto que el estipulado por el ente emisor.
Estos operadores autorizados no están vendiendo ninguna moneda convertible pero sí están comprando dólares a la misma tasa con que liquidan las remesas que reciben desde el exterior.
El precio de compra en estos sitios es más cercano al del llamado dólar negro, que se impone en los anaqueles de todo el país muy a pesar del empeño del Ejecutivo por controlar los precios de la comida, los fármacos y de casi la totalidad de los productos y servicios.
Así, un salario mínimo en Venezuela es equivalente a 65 dólares oficialmente o a 2,3 dólares en la práctica, y en los dos casos el trabajador necesitaría ahorrar por más de tres años para comprar a medias la canasta básica alimentaria que este mes ronda los 220 millones de bolívares.
Además, los ciudadanos se enfrentan sin distingos a un alza diaria de los precios de 2,4 % en medio de la espiral hiperinflacionaria en que entró Venezuela el año pasado, según datos de la Asamblea Nacional (Parlamento), una instancia controlada por la oposición.
El BCV -que supuestamente autorizó el precio del dólar en las casas de cambio aunque sigue exhibiendo hasta ahora al Dicom como única tasa oficial- no informa desde 2016 el índice de inflación por lo que la Cámara lo viene haciendo desde el año pasado.
Según el Legislativo, solo en el mes de mayo la inflación fue del 110,1 %, lo que arroja un acumulado en lo que va de año de 1.995,3 %, mientras que de mayo del 2017 a mayo de 2018 la subida fue de 24.571 %».
Por su parte, Maduro cerró 2017 con siete aumentos al sueldo mínimo y ya va por el cuarto este año como una respuesta a la supuesta «guerra económica», una teoría del chavismo gobernante que responsabiliza a la oposición, empresarios y gobiernos extranjeros por la crisis nacional.
Para los empresarios venezolanos esta «guerra económica» se hace desde el mismo Gobierno que es el responsable de aplicar las políticas económicas y ha expropiado industrias lo que, señalan, han llevado al país con las mayores reservas de petróleo a esta crisis sin precedentes.
Héctor Pereira