La Paz, 3 ene (EFE).- Han pasado más de 11 años de la "muerte anunciada" de la concejala Juana Quispe en los que entre trabas y largas de la Justicia de Bolivia su defensa y algunos familiares se mantuvieron firmes en denunciar y este miércoles aguardan con "esperanza" la sentencia del emblemático caso.
La activista del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia, quien hizo el seguimiento del caso, manifestó que les da "esperanza" saber que este hecho no quedará impune y que llega a la etapa final.
"Sentimos mucha esperanza en esa audiencia, esperamos que por fin, luego de más de 11 años, podamos tener una sentencia y se haga justicia", comentó Tapia en una entrevista con EFE.
Este miércoles se tiene previsto que el tribunal cuarto de sentencia en la ciudad de La Paz realice la audiencia donde se conocerá la sentencia para los acusados de este caso, por lo que la familia y las activistas esperarán estas determinaciones.
Son cuatro acusados, incluido el alcalde de ese entonces de Ancoraimes, Félix Huanca, y otros exconcejales que están acusados por el delito de homicidio, aunque la familia pide que sean sentenciados por asesinato y así puedan ser sujetos a recibir la máxima sentencia en el país que es de 30 años sin derecho a indulto.
"El hecho que se juzgue este caso significa para todas las mujeres en ejercicio de funciones, en cargos de representación que se respeten sus derechos, que se haga justicia y que se sienten las bases para una jurisprudencia en contra del acoso político", subrayó Tapia.
Agregó que sería una sentencia "ejemplificadora" para que no vuelva a suceder esta situación a ninguna otra mujer como Juana que denunció en reiteradas ocasiones que era amenazada y que al final fue víctima de una "muerte anunciada" y la “desprotección” de las autoridades que conocían su situación.
A partir de este caso se impulsó la promulgación de la ley 243 que sanciona los hechos de acoso y violencia política en el país.
La aimara Juana Quispe era concejala del municipio Ancoraimes en La Paz y denunció que no le dejaban ejercer su cargo luego de ganar las elecciones subnacionales de 2010.
Quispe obtuvo su puesto con un partido diferente al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), del entonces alcalde Félix Huanca, y según dijo empezó a ser víctima del acoso y violencia impulsados por el mismo funcionario.
Tapia recordó que Quispe señaló en varias ocasiones que no le dejaban entrar a las reuniones de los concejales, que la gente la insultaba, llegaban a la puerta del edificio edil con "palos" para asustarla, le "echaron cemento a los ojos" y había una constante presión para que dejara su cargo.
Delante de su hijo que en ese entonces tenía 12 años, estos grupos de choque la arrastraron violentamente por la plaza del pueblo y amenazaron con quemarla viva para obligarla a renunciar.
La concejala había ganado una acción judicial para que le permitieran trabajar, pero Huanca y otros exconcejales la incumplieron y ella los demandó penalmente por "desobediencia a órdenes de amparo", lo que provocó las amenazas de muerte.
El 12 de marzo de 2012, dos días antes de la audiencia conclusiva por la demanda penal, la mujer llegó a La Paz para asistir a una movilización en la que también iba a estar presente Huanca, luego se fueron a almorzar y no se supo más de la concejala.
Al día siguiente su cuerpo fue encontrado cerca de un río en La Paz con señales de estrangulamiento.
Los principales sospechosos eran el entonces alcalde de Ancoraimes, Félix Huanca, Pastor Cutili y Basilia Ramos, presidente y vicepresidenta del Concejo Municipal, los cuales son investigados por asesinato, aunque no dejaron sus funciones esos años que se realizaba la indagación, indicó Tapia.
La activista sostuvo que "ya es hora" de que haya justicia por la persona por la que han impulsado una ley en contra del acoso político en el país y ya no debe estar en "impunidad".
Agregó que si la sentencia no "satisface" a la familia podrían acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta lograr justicia para la concejala.
La CIDH en el pasado expresó que este caso "refleja muchas de las fallas estructurales en instituciones y normativas en Bolivia".
Yolanda Salazar
Por: EFE
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