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Resumen: Dos policías, Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales, son condenados por su participación en las chuzadas a las exniñeras Marelbys Meza y Fabiola Perea. Recibirán penas de hasta 10 años de prisión y multas.
Este miércoles, 25 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en donde se emitieron las condenas contra dos policías, Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales, por su participación en las chuzadas a las exniñeras Marelbys Meza y Fabiola Perea de la funcionaria Laura Sarabia.
Como resultado, la juez 53 halló culpable a los policías de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público.
La jueza impuso una pena de 120.74 meses de prisión, es decir, diez años, al intendente Quinchanegua, mientras que a la patrullera Canizales se le fijó una sentencia de 112.2 meses de prisión, 9 años y tres meses.
Ambos enfrentan multas equivalentes a $354.15 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por varios meses.
Durante la audiencia previa, celebrada el 11 de septiembre, los dos agentes ofrecieron excusas públicas a las víctimas involucradas, incluyendo a Marelbys Meza y Fabiola Perea.
La patrullera Canizales, quien decidió renunciar a la institución en medio del escándalo, admitió su error y atribuyó su conducta a la falta de experiencia y a la presión de sus superiores.
Por su parte, el intendente Quinchanegua, actualmente en una guarnición militar, también se mostró arrepentido y enfatizó su deseo de enmendar el daño causado.
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“Quiero presentar excusas públicas a todas las partes afectadas, a los ciudadanos que de una u otra forma afectamos tanto moral como psicológicamente”, manifestó.
La Fiscalía General reveló que ambos policías habían planeado falsificar informes de inteligencia para vincular los números de teléfono de Meza y Perea a una investigación en curso contra alias ‘Siopas’, un líder del Clan del Golfo.
Se logró establecer que, a través de documentos falsos, los agentes indujeron a error a fiscales y jueces para obtener autorizaciones de intervención de las líneas celulares de las víctimas.
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