El expresidente Álvaro Uribe.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe propuso que se elimine la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y quitar el rango constitucional al acuerdo firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, tras la decisión de alias «Iván Márquez» de volver a las armas.
«El acuerdo (de paz) es muy dañino para el país. Hay que reformarlo, ojalá pensar en reformar esa JEP, recortarle el tiempo, eliminarla», dijo Uribe a periodistas en Bucaramanga, capital del departamento de Santander (noreste).
La JEP fue creada por el acuerdo de paz y es la columna vertebral del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición, punto clave de lo pactado.
Márquez, que fue jefe negociador de las FARC en las negociaciones en La Habana, aseguró en un video divulgado esta madrugada que inicia «una nueva etapa de lucha armada» junto con otros antiguos mandos guerrilleros FARC porque considera que el acuerdo de paz ha sido traicionado.
Entre quienes le acompañan en el video están Seuxis Paucias Hernández, alias «Jesús Santrich», y Hernán Darío Velásquez, alias «El Paisa», que hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la JEP.
Uribe, que gobernó de 2002 a 2010 y es un enemigo declarado de las FARC y crítico acérrimo del acuerdo de paz, agregó que hay que «hacer una reforma» para que quienes cometieron «delitos atroces» en el conflicto armado «paguen una pena».
«La impunidad total no genera paz», dijo el expresidente, quien añadió que no le sorprenden decisiones como la de Márquez y Santrich, pues «bastante nos han engañado a los colombianos».
«El país tiene que pensar en revisar esos acuerdos , hay que bajarlos de la Constitución», acotó Uribe.
De igual forma, el Centro Democrático, partido del presidente Iván Duque y liderado por Uribe, señaló en un comunicado que el regreso a las armas de «Márquez» era algo «previsible» y pone en evidencia «las debilidades jurídicas y éticas» de lo pactado.
El Centro Democrático afirmó que actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados no podrán «desestabilizar y menos aún someter al país», por lo que hizo un llamado al Estado y a los colombianos para que se unan con el fin de eliminar los «extravagantes privilegios constitucionales» con los que consideran que el Gobierno de Santos «infectó el Estado de derecho».
«No puede haber indulto para autores de crímenes de lesa humanidad ni de delitos sexuales contra menores de edad. Los victimarios no pueden eludir su responsabilidad de reparar en forma integral a las víctimas», añadió el partido de Gobierno.
No obstante, el uribismo pidió que se respete el «indulto injusto» otorgado al presidente del partido político FARC, Rodrigo Londoño, y a los exguerrilleros que han cumplido con lo pactado.
En opinión del Centro Democrático, «Márquez», «Santrich», «El Paisa» y los demás guerrilleros que retomaron las armas no lo hacen por «idealismo», sino por narcotráfico y «por sus alianzas delictivas con el régimen chavista». EFE
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