Foto Fiscalía
Ante un juez de control de garantías fueron judicializados 15 militares y exmilitares, señalados de integrar una organización delincuencial que tramitaba libretas militares sin el cumplimiento de los requisitos legales.
Se trata de cinco uniformados activos, nueve en retiro y un civil, quienes estarían involucrados en la exigencia de diversas sumas de dinero para gestionar la definición de la situación militar a hombres entre los 18 y 50 años, mediante la alteración de los sistemas misionales del Ejército Nacional.
Estas personas fueron capturadas en Medellín (Antioquia); Nilo (Cundinamarca); Valledupar (Cesar); Villavicencio (Meta); Tunja y Samacá (Boyacá); Palmira (Valle del Cauca), y Florencia (Caquetá).
Los detenidos son un coronel, un teniente coronel, un teniente, un sargento viceprimero y un cabo tercero; además de nueve oficiales y suboficiales en retiro del Ejército Nacional, y un civil que prestó servicio como soldado bachiller.
Los elementos de prueba dan cuenta de que, entre 2016 y 2022, esta estructura ilegal se habría dedicado a ubicar a hombres entre los 18 y 50 años, en inmediaciones de colegios, universidades e instituciones oficiales, para ofrecerles una salida ilícita que les permitiera solucionar su situación militar.
La oferta consistía en conseguirles la libreta sin ninguna verificación ni filtro, a cambio de sumas que oscilaban entre los 900.000 y 5’000.000 de pesos.
Los interesados eran incluidos en grupos de WhatsApp, en los que les indicaban el tipo de documentos que debían conseguir. Luego de la entrega del dinero, la red delincuencial accedía al sistema misional ‘Fenix’, implementado por la Dirección de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, e insertaba la información personal de los hombres contactados o consignaban datos contrarios a la realidad. De esta manera, gestionaba la expedición de las libretas militares.
Producto del trabajo investigativo realizado, el 25 de enero de 2022, el Ejército Nacional reversó y bloqueó 10.707 libretas militares ya que fueron tramitadas ilegalmente.
Los señalados involucrados son: Teniente Coronel Javier Andrés Borrero Chavarro, Coronel Herbert Augusto Blanco Ruiz, Teniente Edwin Arley Rodríguez Aponte, Sargento Viceprimero Fredy Meza Porras, Cabo Tercero Freimerth Saith Otálora Salgado, Coronel (R) Faiver Coronado Camero, Mayor (R) Diana Marcela Molano Rojas, los Sargentos Primeros (R) Fernando Enrique Otálora Velandia y Rodrigo Alonso Agreda Camargo y los Sargentos Viceprimeros (R) Hernán Rodrigo López Páez y Jesús Jhoany Puerto
Torres.
También estarían involucrados los soldados profesionales (R) Juan Pablo Colorado Jaramillo, Melquisedec Amaya Nope y Luis Ariel Chavarro Martin, y el exsoldado bachiller Jorge Stiven Tabares Jaramillo.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos imputó a estas 15 personas, según la posible participación en los hechos, los delitos de concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado y falsedad material en documento público.
Adicionalmente, a Faiver Coronado Camero le fue imputado el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, en el entendido de que al momento de su captura mediante allanamiento en su residencia se le encontró un arma de fuego sin los permisos de ley.
Los cargos no fueron aceptados por los procesados. Por disposición del juez de control de garantías, el teniente coronel Borrero Chavarro, el sargento viceprimero Meza Porras, el coronel (r) Coronado Camero y el sargento primero (r) Otálora Velandia cumplirán medida de aseguramiento en centro carcelario; mientras que el cabo tercero Otálora Salgado, la mayor (r) Molano Rojas, los soldados profesionales (r) Colorado Jaramillo, Amaya Nope, Chavarro Martin y el civil Tabares Jaramillo permanecerán privados de la libertad en su lugar de residencia. Los demás imputados seguirán vinculados en la investigación.
El material de prueba recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio permitió imponer medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, sobre 51 bienes ubicados en los municipios de Pasto y Chachaguí (Nariño) y Bogotá.
Se trata de 25 inmuebles rurales, 6 urbanos, 3 vehículos, 5 sociedades, 2 establecimientos de comercio y 10 acciones avaluadas preliminarmente en más de 15.549 millones de pesos.
La Fiscalía determinó que estos predios habrían sido adquiridos con dineros producto de los referidos trámites irregulares.
Uniformados de la Dijin de la Policía Nacional apoyaron las acciones que permitieron ocupar los bienes cobijados con medidas cautelares.
Foto Fiscalía
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